Resumen ejecutivo
Informe de derechos humanos por muerte de ciudadano boliviano y otras violaciones a derechos fundamentales en primer día de paro cívico indefinido
Bolivia – Santa Cruz, 22 de octubre de 2022
Discurso de odio e incitación a la violencia como herramienta de sometimiento y negociación
El fallecimiento de un funcionario de la alcaldía en Puerto Quijarro el día de ayer, 21 de octubre, es el resultado de una preocupante oleada de intolerancia manifestada en el discurso de odio y confrontación proveniente de los funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal, todos afines al Movimiento al Socialismo.
Las redes sociales y otras formas de comunicación se están explotando como plataformas para el fanatismo contra la protesta y el bloqueo. El discurso público de la autoridad edil emplea una retórica incendiaria que estigmatiza la legítima protesta y el derecho a manifestarse, y deshumaniza a quienes llaman “los pititas”.
El subalcalde de Puerto Quijarro, en un audio filtrado en las redes, señala:
…“hagámoslos mierda a los pititas, carajo… lleven más cohetes. Lleven más cohetes, recuerden que la anterior vez éramos más gente, pero perdimos porque ellos tenían más cohetes que nosotros; hay que tener más cohetes, carajo, hagamos mierda a la derecha”.
El discurso del odio es una amenaza para los valores democráticos, la estabilidad social y la paz. Debe ser enfrentado y sancionado en todo momento, más aún cuando viene acompañado del traslado forzado de personas a poblaciones que se ven atacadas por brasileños y grupos violentos que no habitan ni en Puerto Quijarro ni en el Departamento de Santa Cruz. Para prevenir los conflictos armados, los crímenes atroces y el terrorismo, se debe poner fin a la violencia contra la propia ciudadanía disconforme con las políticas del gobierno actual y las constantes violaciones de los derechos humanos.
Las crecientes limitaciones a la libertad de expresión, de pensamiento y de asociación, junto con la criminalización del derecho a la protesta, alcanzan no sólo a los ciudadanos, sino que emplean a la justicia como instrumento de dominación. La policía, con el argumento de resguardar la paz social, se muestra abiertamente comprometida a proteger a líderes sindicales o funcionarios afines al partido de gobierno, quienes en realidad son los verdaderos promotores del odio y la violencia.
Los incidentes ocurridos anoche, 21 de octubre, en Puerto Quijarro, que derivaron en el fallecimiento de un ciudadano local que, por no perder su fuente de trabajo, fue obligado a trasladarse con grupos de choque afines al MAS para desbloquear con violencia por órdenes del alcalde Chambi, son el resultado del discurso de confrontación, de los estereotipos negativos sobre “proteger la economía” y de la apología del odio político, factores que dieron lugar a la muerte de una persona inocente.
Este tipo de violencia desproporcionada contra la población que pacíficamente ejerce su derecho constitucional a movilizarse y hacer escuchar su voz es una dinámica empleada por este gobierno desde hace muchos años, mediante la estrategia de la “responsabilidad colectiva” contra funcionarios públicos opositores, líderes cívicos o ciudadanos contestatarios y organizaciones sociales (la mayoría de las cuales, en la actualidad, están infiltradas por inteligencia del Ministerio de Gobierno o por militares camuflados).
Varios medios de comunicación tienen sus líneas editoriales condicionadas debido al control selectivo y discrecional que existe al momento de adjudicar la “pauta publicitaria del Estado”, ya sea mediante extorsión e intimidación, o mediante alianzas “político-comunicacionales” inmorales, con el fin de desinformar u ocultar la verdad a la ciudadanía. Es importante procurar que todo hecho irregular sea investigado e informado a la ciudadanía con la mayor responsabilidad, puesto que se trata de un derecho humano. Asimismo, todos los ataques contra periodistas, comunicadores y camarógrafos son repudiables en todo ámbito y deben ser investigados y sancionados.
Los ciudadanos que trabajan en la función pública no pueden ser considerados herramientas de la violencia política que los promotores del odio pretenden imponer. Obligados a militar en el partido de gobierno, son forzados a marchar y a trasladarse de una ciudad a otra; en este caso, no se midieron las consecuencias del despliegue de violencia, que costó la vida de un ciudadano cruceño a manos de hordas violentas.
Luego de haber recabado más de una decena de testimonios de testigos, incluidos dos funcionarios de la policía boliviana, se puede advertir que resulta inhumano que la ambulancia del Gobierno Autónomo Municipal, al ser llamada por la policía al lugar del enfrentamiento, pasara de largo —no una, sino dos veces— frente al ciudadano herido, tras recibir órdenes de no auxiliarlo, ya que el conductor creyó que la persona inconsciente en el suelo formaba parte del grupo de manifestantes. Los médicos del lugar intentaron reanimarlo de inmediato, sin éxito. Por esta razón, fue trasladado al hospital en una camioneta policial. Llama poderosamente la atención que se haya trasladado a un médico forense hasta Puerto Quijarro y no se haya trasladado el cadáver hasta Santa Cruz, como suele ocurrir cuando no se cuenta con personal especializado en el lugar.
Ante la necesidad de fomentar la conciencia social del respeto mutuo, la tolerancia y el consenso para prevenir la incitación al odio, y en contraposición al respeto a los valores democráticos, en la noche de hoy, 22 de octubre de 2022, llegó un contingente militar a los puntos de bloqueo en Puerto Quijarro. Los efectivos, todos armados y en traje de campaña, fueron formados justo frente a los ciudadanos, pese a que no cumplen labor alguna de seguridad ciudadana ni de manejo de conflictos internos.
Las razones por las que el odio y la intolerancia subyacentes e incontrolados estallan en el presente son:
- Se promueve la violencia, con heridos o muertos.
- Ello da lugar a la persecución y a apresamientos arbitrarios.
- Se criminaliza a los líderes opositores, cívicos, ciudadanos o políticos.
- Se intimida a la población mediante el abuso desplegado en el desbloqueo y la persecución.
- Con ello se busca lograr la desmovilización.
Para contrarrestar la violencia y el discurso del odio, y así evitar estos trágicos sucesos, se debe:
- Involucrar a organizaciones de derechos humanos o a ciudadanos en ejercicio del derecho al control social.
- Acompañar las investigaciones policiales y fiscales desde el primer momento hasta su finalización.
- Proveer todo el material investigativo recabado para respaldar el caso con elementos probatorios relevantes (pruebas materiales, testigos, documentos y pericias realizadas por expertos).
- Exigir de la justicia, en todos los ámbitos, un trato independiente e imparcial.
- Lo más importante: perder el miedo a hacer lo correcto. Ante cualquier irregularidad detectada, denunciarla públicamente y por las vías legales ante las autoridades competentes.
Este gobierno “cosifica” a los muertos y heridos para embanderarlos como víctimas de los opositores o de los manifestantes, dando así inicio a una persecución ilegal, generalmente construida con pruebas montadas o testigos falsos e informes periciales adulterados. Al contar con jueces y fiscales afines al partido de gobierno —con quienes deben negociar para acceder a sus cargos— buscan dar a estos procesos una apariencia de legalidad.
Bajo este mecanismo de “pseudojusticia” se suman quienes, sin haber cometido delito alguno, se convierten en presos o perseguidos políticos.
Es propio de una dictadura que busca controlarlo todo: las manifestaciones o movilizaciones ciudadanas, la promoción y difusión del odio colectivo desde el aparato estatal, sembrando el desprecio, el miedo, la desconfianza y las tácticas militares de infiltración o espionaje político. Estas son las principales causas que mantienen hoy a Bolivia polarizada y dividida, ante la falta de libertad de decisión de un gobierno que se ve extorsionado y presionado para mantener su obtusa postura de no adelantar el Censo al primer semestre de 2023. Este gobierno maquina estos conflictos —o cualquier otro— para perseguir, intimidar y así desmovilizar violentamente, dada su falta de vocación auténtica para un diálogo sincero.
Este gobierno, integrado por personas involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, permite mientras tanto que las decisiones las tomen los violentos según sus propios intereses, en lugar de velar por lo que la ciudadanía necesita. Al contrario, para este gobierno el ciudadano que ejerce libremente sus derechos es el enemigo.
Este gobierno jamás sancionó a los promotores del odio y la violencia, pese a que este delito está catalogado como de lesa humanidad; por el contrario, los encubre y protege por medio de la fiscalía y el sistema judicial que él mismo controla.
Fue el alcalde de Puerto Quijarro, su subalcalde y miembros del gobierno autónomo quienes deben responder por el traslado de extranjeros y militantes traídos desde el interior, dispuestos a la confrontación. A ello se suma la obligatoriedad que la autoridad municipal impuso a sus funcionarios para participar en los desbloqueos, así como la incitación y difusión de mensajes de odio y violencia: factores que derivaron en este trágico evento, fruto de su irresponsable fanatismo por perpetuarse en el poder.
Por: Jorge Valda Daza – Director de Global Human Rights League