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10 de marzo de 2022 · Bolivia

Explotación sexual y laboral infantil en Bolivia desde el gobierno

Por Eva Sara Landau · Fuente: Facebook

#GHRL En Bolivia se cometen los crímenes más bajos contra los niños, como el abuso y la explotación laboral y sexual, a través del crimen organizado protegido por el Gobierno.

La explotación sexual comercial infantil es la explotación por un adulto de un niño, niña o adolescente menor de 18 años, acompañada del pago en efectivo o en especie al niño, niña o adolescente, o a un tercero o terceros.

Lamentablemente no existen datos sobre el abuso y la explotación sexual en Bolivia. Aunque hay varios trabajos en coordinación con distintas organizaciones locales e internacionales, ninguna ha sido capaz de establecer datos estadísticos; lo que hacen es una presentación general del problema que viven a diario los niños bolivianos.

La misma razón por la cual ninguna organización se ha dedicado a trabajar de manera seria sobre este problema, que se vive en todos los estratos sociales y económicos, es la que permite que los criminales anden sueltos, abusando y explotando a menores.

En Bolivia, al igual que en Nicaragua, abordar este tema bajo los gobiernos que hoy lideran es muy difícil, puesto que Evo Morales, expresidente y líder del gobierno que hoy administra el país, es acusado formalmente de abuso sexual.

La administración del Movimiento al Socialismo (MAS) ha tomado todos los poderes, y quienes se atreven a denunciar hechos como estos son perseguidos, hasta llevarlos al exilio, la cárcel o incluso la muerte. Ninguna autoridad quiere hacerse cargo de estos casos o hacer algo al respecto.

Contexto

Bolivia ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño mediante la Ley Nº 1152 de mayo de 1990, siendo el octavo país en expresar su adhesión, tras lo cual inició la adecuación de las normas legales nacionales y la implementación de políticas públicas bajo el enfoque de protección integral.

Aunque la mayoría de edad en Bolivia es de 21 años, los hombres pueden casarse a los 16 años y las mujeres a los 14, con permiso de los padres o tutores.

Desde 2014, Bolivia es el único país que permite expresamente el trabajo infantil a partir de los diez años, lo cual viola los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

En Bolivia se establece que los niños son penalmente imputables a partir de los 16 años.

Que Bolivia esté adherida a la Convención sobre los Derechos del Niño y, a la vez, permita que los niños se casen a los 16 años y las niñas a los 14 —cuando aún están en desarrollo— contribuye a mantener una sociedad que no termina de educarse, porque el matrimonio conlleva responsabilidades de adultos que dificultan el pleno desarrollo escolar o la preparación para enfrentar la vida con menos dificultad y sin caer en un estado de extrema pobreza.

Que los niños puedan legalmente trabajar desde los 10 años, violando tratados internacionales, también mantiene a la población en una posición de escasa educación, lo que genera pobreza y desigualdad.

Desafíos y vacíos en el sistema de protección de la infancia

En primer lugar, el hecho de que los niños puedan legalmente trabajar desde los 10 años viola los Derechos del Niño; ni siquiera UNICEF, que tiene presencia en el país, ha podido hacer algo respecto a este crimen contra la niñez.

En segundo lugar: ¿cómo es posible que las autoridades queden impunes ante los crímenes de violación y abuso a menores? ¿Cómo es posible que la pedofilia se normalice en un país altamente conservador, solo porque altas esferas del gobierno practican esta abominación?

En tercer lugar, volviendo al primer punto, la producción de cocaína también está operada desde el gobierno. Bolivia es el tercer país de Sudamérica en producción y exportación de droga; los niños no solo sufren por la adicción, sino que también son explotados en los laboratorios de producción de este delito, trabajando tanto en los cultivos como en las fábricas.

Soluciones

La única manera de que el gobierno pueda cambiar esta realidad en Bolivia es mediante la presión internacional; la oposición parlamentaria tiene que trabajar de manera funcional para mantenerse en sus posiciones. La sociedad civil corre graves riesgos si intenta hacer algo: solo sanciones y represalias internacionales podrían dar un giro a estos temas que aquejan a la niñez boliviana.

Mientras Bolivia viva bajo una dictadura, será muy difícil cambiar el presente de los niños: son quienes gobiernan los que protegen las redes de explotación laboral y sexual de menores, para que los criminales puedan seguir operando.

Principales partes interesadas

Todos los bolivianos estamos interesados en cambiar el presente y el futuro de nuestros niños en Bolivia. Todos debemos tomar conciencia de que este es un problema para cada ciudadano y habitante del territorio boliviano: son nuestros niños, es nuestro futuro.

Las organizaciones locales e internacionales no han sido capaces de mostrar cifras, lo cual es una muestra de que son cómplices o de que la dictadura las tiene acalladas. La complicidad es una acción y, por lo tanto, un delito. Tanto silencio asusta, sobre todo tratándose de los derechos humanos de los niños.

Eva Sara Landau – 10 de marzo de 2022

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