La dictadura en Bolivia queda cada vez más expuesta por mujeres valientes que no temen decir la verdad

Guadalupe Cárdenas y Milena Soto envían carta al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), denunciando los abusos cometidos contra ellas y contra miembros de sus organizaciones e instituciones por parte de la dictadura de Luis Arce

En la visita que hizo Eva Sara Landau, presidenta de Global Human Rights League, a la OEA para entrevistarse con el secretario general Luis Almagro el pasado 23 de junio, no solo se habló de la situación de los presos políticos de Bolivia y de la violación de sus derechos humanos, sino también de los muertos causados por las dictaduras de Evo Morales y Luis Arce.

De manera más extensa, Landau expuso al secretario Almagro la muerte de Marco Antonio Aramayo, quien falleció el 14 de abril, justo un día después de que Eva Sara Landau, en un foro realizado por el Interamerican Institute for Democracy, denunciara las torturas que Aramayo estaba sufriendo. También mencionó el caso de la actual presa —desde hace 7 años, por el mismo proceso— Elvira Parra, quien padece cáncer y podría morir de igual manera, sin un proceso justo y transparente, manipulado por la dictadura.

La visita a la Organización de los Estados Americanos también fue propicia para entregar dos cartas enviadas desde Bolivia al secretario general.

Guadalupe Cárdenas y Milena Soto, ambas representantes de Global Human Rights League, aprovecharon la ocasión para que el secretario recibiera las misivas de primera mano.

CARTA DE GUADALUPE CÁRDENAS

Mi persona, la señora Guadalupe Cárdenas Vda. de Gálvez, soy Embajadora de los Derechos Humanos (DD.HH.) a nivel mundial en Bolivia y representante de la Federación Nacional Única de Esposas de Policías, y la primera presa política de Morales; hoy enfrento 19 juicios, los dos últimos iniciados por el actual gobierno de Luis Arce.

Pongo en su conocimiento las graves injusticias, traducidas en persecuciones políticas, violaciones de los derechos humanos y encarcelamientos, sufridas por miembros policiales de diferente grado privados de libertad; muchos fueron dados de baja de manera injusta mediante procesos armados por el gobierno de turno, por el solo hecho de cumplir el mandato constitucional y estar al lado de su pueblo, y no de un partido político dictatorial que pretendía eternizarse en el gobierno. La suscrita apoya de manera permanente a todos los funcionarios policiales de diferente grado que son procesados injustamente.

El caso más relevante es el del teniente de la Policía Boliviana Franklin Mamani Guarachi, deportista y excontendiente al título mundial de boxeo, quien actualmente se encuentra privado de libertad, sin derecho laboral, sin derecho a la locomoción ni al deporte, bajo una gravosa detención domiciliaria, acusado injustamente del supuesto delito de encubrimiento. Le han fabricado más de 15 procesos por la vía administrativa y 10 procesos por la vía ordinaria, por el solo hecho de cumplir el derecho constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley.

Están vulnerando sus derechos constitucionales y humanos. Es un preso político, perseguido y víctima de la dictadura en Bolivia… por pensar diferente. Esto ha perjudicado enormemente su carrera profesional y deportiva.

Bolivia está viviendo la peor dictadura, con encarcelamientos y procesos injustos.

CARTA DE MILENA SOTO

Distinguido secretario: mi carta es un grito desesperado de ayuda.

Como ya es de conocimiento de la OEA, la situación que atraviesa mi país es crítica. El Poder Judicial se encuentra sometido al régimen de Luis Arce, y los jueces se han convertido en verdugos que ejecutan la represión ordenada por el régimen, de la cual hoy somos víctimas. Quien le escribe es una presa política.

Antes de mi detención fui víctima de violencia por parte del Movimiento al Socialismo, partido actualmente en el gobierno, que atentó contra mi vida sin lograr su objetivo. Me detuvieron el 5/08/21, una semana después de ese hecho, y me llevaron a la ciudad de Sucre, donde me procesaron acusándome de organización criminal, daños a bienes del Estado, daño calificado, entre otros delitos infundados.

Cabe recalcar que jamás estuve presente en Sucre y, aun así, un juez determinó que debía guardar detención domiciliaria y ordenó mi arraigo. Además, debo presentarme físicamente en esa ciudad cada 15 días, es decir, dos veces al mes, para firmar en la fiscalía. No se me permite trabajar —en audiencia se me negó ese derecho—, a pesar de que tengo un hijo menor de edad cuya estabilidad económica depende exclusivamente de mí. No conformes con ello, me iniciaron otro proceso en mi ciudad natal, Cochabamba, con los mismos delitos y otros inventados. El 5/09/21 allanaron mi domicilio y me aprehendieron, todo en presencia de mi hijo. Hoy tengo dos detenciones domiciliarias ilegales.

Quiero denunciar ante la Organización de los Estados Americanos que existe injerencia política por parte del gobierno en los procesos que se siguen contra los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala, en los que el ministro de Gobierno pidió 20 años de cárcel para Mario Bascopé, Fabio Bascopé, Yassir Molina y para quien le escribe, Milena Soto López. En nuestro caso, figuran como demandantes la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, miembros de la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca y dirigentes masistas.

La Resistencia Juvenil Cochala fue una multitud de jóvenes que estuvo en desacuerdo con el fraude que cometió Evo Morales en 2019, y se agrupó en defensa de la ciudad frente a los ataques y órdenes de destrozo que ese expresidente dio a sus seguidores. El régimen no solo pretende encarcelar a la RJC, sino también a la Unión Juvenil Cruceñista, jóvenes valientes que, al igual que nosotros, hoy están detenidos y son presos políticos.

Acudo a su autoridad porque en la actualidad ya no existe justicia en mi país. No permita que nos linchen en un juicio viciado donde ya tienen bajo el brazo una sentencia de 20 años de cárcel.

La democracia en mi país está muerta. Hoy estoy al lado de mi hijo; mañana, solo Dios lo sabe. Le ruego pronunciarse.

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