1 de mayo de 2022
Presos políticos de la dictadura en Bolivia con prisión preventiva indefinida
Fuente: Cabildeo Digital

Jorge Valda es abogado de la Resistencia Juvenil Cochala
Fueron protagonistas de la resistencia al fraude electoral y a los grupos de choque del MAS que pretendían tomar la ciudad de Cochabamba. En venganza, Nelson Cox desató su persecución. En 2019, Cox fue el "defensor" que protegió a los grupos violentos del MAS. Este gobierno lo nombró viceministro de Gobierno, cargo y poder que usó para causar sufrimiento a cinco cochalas falsamente acusados de integrar una "organización irregular". Cox duró poco en ese cargo, fue destituido, pero dejó muchos huesos rotos y lágrimas derramadas.
"Son presos políticos, con detención preventiva indefinida, que sufrieron torturas físicas y psicológicas", nos dice Jorge Valda, abogado defensor de Mario y Fabio Bascopé, Milena Soto, Yassir Molina y Jaime Maldonado.
Cabildeo Digital conversó con Jorge Valda para adentrarnos en una de las páginas más oscuras de la (in)justicia boliviana.
— ¿En qué situación se encuentran los detenidos de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC)?
— Primero, el nombre ha sido ampliamente estigmatizado, ha sido utilizado como sinónimo de un grupo paraestatal o un grupo paramilitar, tal como hizo referencia el exviceministro Nelson Cox. Se los ha tratado como si fueran un grupo de insurrectos que hubiera querido generar algún tipo de alteración en el orden constitucional en Bolivia, lo cual no ha sido así.
La Resistencia Juvenil Cochala está conformada por muchachos, por jóvenes de distintos barrios, de distintas clases sociales de Cochabamba, que en 2019 buscaban defenderse de los abusos de los grupos violentos que el masismo desplegó no solo en la ciudad sino en sus alrededores y, sobre todo, en el área rural.
La Resistencia Juvenil Cochala tuvo esa iniciativa de resistir a los actos de violencia por parte del Movimiento Al Socialismo. Yassir Molina y Mario Bascopé se pusieron a la cabeza de la resistencia pacífica sin incurrir en actos delictivos ni de sedición o terrorismo, como en algún momento se los acusó.
— ¿Varios integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala fueron detenidos. Dónde y en qué circunstancias está Mario Bascopé?
— Mario Bascopé está detenido desde el 24 de diciembre de 2020. La navidad del mismo año en que Luis Arce asumió como presidente, la Policía ingresó en su casa, lo sacaron de forma violenta; casi 24 horas estuvo desaparecido, no se sabía dónde estaba ni qué había pasado con él.
Esto era tan extraño porque la acusación que inventaron no tenía nada que ver con el tema de 2019, ni con el supuesto golpe, ni con el fraude, sino que tenía que ver con un proceso de 2017 en el que se encontró un vehículo que transportaba 2 kg de sustancias controladas.
El chofer no estuvo ni un solo día detenido. Pero el caso fue utilizado contra Mario Bascopé porque el vehículo había sido importado por la empresa de Mario Bascopé, dedicada a la compra-venta de autos, y esto ocurrió en 2015.
Ese año, el auto ingresó a Bolivia y Mario Bascopé lo vendió; se hizo una transferencia y el nuevo dueño lo utilizó para supuestamente transportar 2 kg de marihuana, cocaína o lo que fuere. Esa persona nunca estuvo detenida y nunca más se supo nada de ese chofer.
A partir de este proceso, por el solo hecho de figurar su nombre —el de Mario Bascopé— como importador del vehículo, fue detenido en la navidad de 2020 y, meses después, se le dio una sentencia de 10 años.
También se lo incluyó en el caso que se inició contra los líderes de la Resistencia Juvenil Cochala en Sucre, porque pidieron la renuncia de Juan Lanchipa, el fiscal general del Estado.
— ¿Qué ocurrió?
— Debo recordar a quienes probablemente no tengan la memoria fresca que el movimiento cívico nacional, compuesto por los nueve comités cívicos, hizo una convocatoria para exigir la renuncia del fiscal general, es decir, del señor Juan Lanchipa, por la ilegalidad de su posesión del cargo, al que llegó mediante fraude.
Fueron plataformas de los nueve departamentos, movimientos ciudadanos, movimientos cívicos, y fue la Resistencia Juvenil Cochala —este movimiento ciudadano— probablemente el que más dejó escuchar su presencia, porque usaron cohetes (petardos); eran jóvenes que hacían un bullicio absolutamente legítimo, porque ahí estaba el movimiento cívico nacional.
Yo estaba ahí, en Sucre, estaban todos los presidentes cívicos y todos vimos que no se rompió ni un solo vidrio, no se dañó a ninguna persona.
— ¿Entonces de qué se los acusa?
— Se los acusa de pertenecer a una organización criminal, se los acusa por tenencia de armas no convencionales. Es decir, por utilizar tubos de metal para lanzar las matasuegras y que lleguen más alto, para que suenen más fuerte.
Esas no son armas convencionales, son petardos, son los mismos que se utilizan en cualquier partido de fútbol. Pero ellos están detenidos.
Mario Bascopé está sometido a dos procesos. En el caso de Santa Cruz fue condenado a 10 años sin tener ningún tipo de participación. El Ministerio de Gobierno, con Nelson Cox como agente de una revancha política, se encargó de que esta sentencia fuera condenatoria. Ahora está en apelación.
— ¿También detuvieron al hermano de Bascopé?
— Mario Antonio "Tonchi" Bascopé está detenido en la cárcel de San Roque (Sucre), y allí también está detenido su hermano, Fabio Bascopé, quien fue detenido unos meses más tarde que Mario.
Lo estuvieron persiguiendo. Primero se declaró en la clandestinidad, después pidió asilo y se refugió en el Comité Cívico Pro Santa Cruz, y luego fue a Cochabamba, donde lo capturaron. Lo llevaron a Sucre y hasta ahora permanece detenido. Ambos tienen hijos, ambos son padres de familia y eran el sustento de sus hogares.
Pero el caso de Tonchi es mucho más complicado porque tiene cinco hijos, un niño y cuatro mujeres. Su esposa está llorando, reclama el retorno de su esposo a casa. Su hijo menor es un bebé de dos años; sus hijas mayores tienen 20, 17 y 15 años.
Ellos nos han relatado cómo han sufrido el bullying en el colegio o la universidad: "que tu papá es un pitita, que tu papá organizó la Resistencia Cochala".
Eso, por parte de los masistas recalcitrantes, que no son todos, porque también hay quienes los defienden como héroes, los reconocen como quienes han luchado por Cochabamba de una forma auténtica.
— ¿Cuál es la situación de Yassir Molina?
— Ha pasado por cuatro cárceles. Yassir Molina es probablemente uno de los líderes más jóvenes de la Resistencia Juvenil Cochala; egresó de la Universidad San Simón, de la Facultad de Derecho, está para dar su examen de grado, no le permiten hasta ahora salir de la cárcel para ir a darlo.
Yassir fue detenido primero en San Sebastián de Cochabamba, lo trasladaron a la cárcel de San Roque, Sucre, donde está Tonchi; después a Cantumarca, Potosí, donde está Marco Pumari, el excívico potosino; y ahora está en la cárcel de San Pedro de Oruro.
Se encuentra en una sección especial, apartado del resto de los internos. No tiene hijos; tiene una persona a la que le dice mamá, Daniela Hidalgo, quien también ha sido citada y procesada por el solo hecho de ser la madre adoptiva de Yassir.
Molina, en este momento, es quien tiene más ganas de hacer escuchar su voz, por su ímpetu como nuevo abogado, por la indignación que siente, como cualquier otro boliviano, al ver tanta injusticia.
Él no tiene cerca a ningún otro miembro de la resistencia, pero ha llegado a formar un buen grupo de confianza y amigos en Oruro. Le tienen mucho aprecio porque yo he observado cómo ha trabajado con sus propias manos para que se refaccionen varias partes de las cárceles donde ha estado, tanto en San Sebastián, en Cochabamba, como en San Roque, en Chuquisaca, en Cantumarca, en Potosí, y ahora en San Pedro; los internos a nivel nacional le tienen mucha estima.
— ¿Qué pasa con Milena Soto?
— Pese a que Mario, Fabio y Yassir son los únicos tres que están detenidos preventivamente, el sufrimiento no es menor para Milena Soto, quien también ha sido torturada, al igual que Mario Bascopé, a quien dejaron 10 días en un hospital cuando lo llevaron de Santa Cruz a Sucre.
A Milena Soto, cuando intentaron detenerla, la torturaron; la llevaron por la fuerza hasta la ciudad de Sucre para las medidas cautelares y, posteriormente, le dieron detención domiciliaria, que no dista mucho de una detención preventiva; no es muy diferente cuando no puedes trabajar y no puedes llevar el sustento diario a tu hijo.
Ella, como madre de un hijo de casi 13 años, lógicamente requiere todo el apoyo que le pueda brindar su madre; está detenida y no le permiten siquiera el derecho a trabajar.
— ¿Cuál es la situación de Jaime Maldonado?
— A Jaime Maldonado, el quinto miembro de la Resistencia Cochala, lo han involucrado en el proceso de Sucre; también lo tienen cautelado. Es, probablemente, quien ha tenido la posibilidad de continuar con una actividad casi rutinaria, pero, obviamente, sin perder de vista que está a punto de comenzar el juicio.
Es otro de los juicios de la ignominia y la vergüenza que se dan en la ciudad de Sucre, para condenar a los jóvenes que han pedido libertad, que han pedido justicia, por el solo hecho de haber hecho escuchar su voz en Sucre, sin haber cometido ningún delito.
— ¿Estos detenidos cuentan con el apoyo de sus familias?
— Todos tienen familias que los apoyan. En el caso de Tonchi, muchos de sus parientes viven en EE.UU.; su mamá pudo llegar para verlo en un par de ocasiones. Pero tiene familia en Cochabamba que está ayudando en la crianza de sus hijos. Sufre con la angustia y la impotencia de no poder estar con sus hijas mayores, ni cerca de su hijo menor.
Tonchi es quien más angustia genera, al igual que Fabio, por no estar cerca de sus hijos. Pese a que están en la misma cárcel, a Fabio y a Mario Bascopé, siendo hermanos, no se les permite ni siquiera hablar, no se les permite estar juntos, no se les permite estar en la misma sección.
Cada uno está en una sección distinta y no pueden ni siquiera compartir un almuerzo o un desayuno; esto es un acto despiadado, una tortura psicológica que se ejerce contra los hermanos.
Todos tienen padres esperanzados de ver a sus hijos nuevamente en libertad.
— ¿Qué otras violaciones a los derechos humanos ha identificado en este caso?
— Cuando se dispuso la ampliación de la detención preventiva, según una de las reformas esenciales, el juez debía establecer el plazo de la privación de libertad; pero en este caso, el juez directamente dispuso que "van a estar detenidos por tiempo indefinido", porque no sabemos cuánto va a durar el juicio ni si van a poder demostrar su inocencia.
Se los ha presumido culpables; deberían tener derecho a ser juzgados en el marco de un debido proceso; sin embargo, han sido torturados —Yassir Molina, Mario Bascopé y Milena Soto— y hablo de tortura física.
El caso más aberrante ha sido el de Mario Bascopé, quien, tras su traslado de la ciudad de Santa Cruz a Sucre, terminó 10 días internado en un hospital donde no permitieron ni siquiera a su esposa acercarse para ver cómo estaba. ¿Por qué? Porque no podía verlo inconsciente y lleno de moretones producto de la golpiza que le habían dado.
Estos hechos han quedado registrados en la denuncia presentada ante organismos internacionales, como las Naciones Unidas, pero hasta el presente no se ha aplicado justicia; se les está negando el derecho a la salud. Cuando logra llamarme, me cuenta que no recibe atención médica especializada, y por más que pedimos médicos, la Dirección de Penitenciarías no contesta.
Eso es indignante, porque está en peligro su vida, está en riesgo su salud, y no puede ser que se hagan oídos sordos a los pedidos de los presos políticos en la actualidad.
— ¿Cuál es la situación legal? ¿Se espera un proceso final?
— Si bien se les ha iniciado más de una decena de procesos en Cochabamba y en todo el país, el proceso y el juicio iniciado por la Fiscalía General del Estado, que tiene como víctima al fiscal general Juan Lanchipa, es aquel por el cual todos están detenidos preventivamente, sin que exista la menor intención de que un juez o un tribunal disponga su libertad.
Ha existido una acusación sin que ellos sepan por qué se los acusa. Ya existe una fecha para el juicio que todavía no se les ha notificado. El próximo mes, estamos seguros, se dará inicio a este nuevo juicio de la vergüenza, en el que Lanchipa basa su acusación en una mentira: que la Resistencia Cochala era una organización paraestatal o un grupo irregular, cuando en realidad los únicos grupos irregulares que existen son las 76 milicias armadas que el señor Evo Morales ha implantado en Bolivia.
— ¿Quién es Jorge Valda y por qué defiende a la Resistencia Juvenil Cochala?
— Jorge Valda es un abogado que cree fielmente en que la justicia debería cambiar.
Cuando en 2019 presentamos acciones contra Juan Lanchipa, contra los fiscales departamentales del país y contra los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, fuimos a Sucre con mi equipo de abogados para pedir y exigir la renuncia de Juan Lanchipa.
En ese momento, en 2020, ya habíamos formado una gran alianza con el Comité Pro Santa Cruz, con el Movimiento Cívico Nacional, con plataformas y con los líderes de los movimientos ciudadanos, como los jóvenes de la Resistencia Juvenil Cochala, con quienes prometimos no dejarlos solos y luchar día a día por una justicia distinta.
Conocí a Mario Bascopé, Fabio, Milena y Yassir mucho antes de que estos procesos se iniciaran, y estoy seguro y doy fe de la integridad e idoneidad de cada uno de ellos, así como de otros líderes que hoy están detenidos, como es el caso de Marco Antonio Pumari en Potosí y de la expresidenta Jeanine Áñez, que por luchar por la justicia ahora están detenidos.
Hicimos una promesa, en aquel entonces, de que no los dejaríamos solos, y esa promesa no solo se ha extendido a los chicos de la Resistencia Juvenil Cochala, sino también a todos los presos políticos. Es por eso que esta labor que realizamos como defensores de los derechos humanos nos ha hecho miembros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos con Amparo Carvajal, nos ha hecho miembros y embajadores en Bolivia de Global Human Rights League, una fundación en Estados Unidos de la cual tampoco obtenemos ningún rédito ni cobramos honorarios a ningún preso político a quienes hemos defendido.
Nos han nombrado defensores de los derechos humanos de diferentes instituciones, y ahora nos ha llegado una membresía de Amnistía Internacional para ser parte también de la lucha por los derechos humanos.
Esta lucha no la llevamos adelante solos; gracias a Dios hay un ejército de abogados en Bolivia que están dispuestos a trabajar y a coadyuvar con la labor de defensa de los derechos humanos.
Tenemos la confianza de aquellos que lograron recuperar su libertad, que son muy pocos, como Florinda Justiniano en Montero, o el líder cívico Catiun Müller en Riberalta, o Felipe Hermosa en Villamontes; ellos han logrado volver a casa.
Son tres de 85; los demás aún están esperando tener esa dicha de volver a casa.
