LOS “INVISIBLES PRESOS POLÍTICOS DE BOLIVIA” Derechos Humanos / By El Oriental El alto precio que te hace pagar la dictadura se cuenta en meses, años y hasta con la propia vida dentro de una celda o convirtiendo tu propia casa en una cárcel.
Bolivia está a pocos de alcanzar una centena de presos políticos, en un año y siete meses la dictadura tiene 90 presos políticos, dos de ellos los han dejado morir dentro de la cárcel, sin atención médica y con muestras de torturas.
De todos ellos 10 son mujeres desde la cívica originaria de pueblos indígenas, Florinda Justiniano que se atrevió a bajar una bandera del partido de gobierno, Movimiento al Socialismo, cada vez más reconocido como una organización criminal, hasta la expresidente constitucional Jeanine Añez quien por mandato constitucional asume la presidencia en 2019 después de un mega fraude cometido por el dictador Evo Morales Ayma.
La desventaja que tiene Bolivia comparándola con otras dictaduras, es que si bien ya internacionalmente se habla de Bolivia como una dictadura en foros, conversatorios y eventos, todavía no es suficiente, cuando dentro del país algunos políticos siendo “opositores” temen reconocer este síntoma que está llevando a Bolivia a que viva en corto plazo la peor persecución de su historia contra opositores.
Elvira Parra, presa más de 2,650 días, (7 años, 3 meses), sufre de cáncer, teme terminar igual que su compañero de institución Marco Antonio Aramayo, quien murió después de más de 7 años preso, acusado de corrupción cuando fue el mismo quien denunció los actos de corrupción cometido por dirigentes y funcionarios de gobierno muy cercanos al dictador Evo Morales.
En la gestión del dictador Luis Arce Catacora, el primer preso político es Mario Bascopé, de la Resistencia Juvenil Cochala, lleva 611 días presos, lo tienen encerrado, después de haberlo secuestrado, golpeado, llevado de una cárcel a otra para incomunicarlo con su familia, ha tenido problemas médicos graves, y hasta ahora solo le han sembrado delitos, que ni la misma dictadura ha podido justificar.
Le sigue Marce Rivas con 592 días encerrado, fue director de Migración, y al igual que todos los presos políticos, con detención preventiva INDEFINIDA.
El primer miliar encerrado por la dictadura del MAS es el Excomandante Alfredo Cuellar, quien lleva 587 días preso, hay que recordar que la dictadura ha presionado a los militares para someterse a procesos abreviados auto culpándose, figura totalmente inconstitucional, a la que se han dejado arrastrar algunos de ellos, creyendo que la dictadura cumplirá con el trato de soltarlos antes.
Como nos muestra la organización Global Human Rights League a hoy 4 de Julio hay 28 presos políticos con más de 400 días de encierro, entre ellos la expresidente Jeanine Añez con 478 días, y la exministra de Salud, María Eidy Roca, presa domiciliar hace 441 días, por tocar algunos de los casos.
Otros 14 presos políticos llevan de 365 días de cárcel a 400 días.
La única manera de poder parar estas violaciones a los derechos humanos de opositores es que los mismos bolivianos hagan visible la dictadura, mientras no se hable fuerte y claro de este problema tan grave dentro de Bolivia, es mucho mas difícil ayudar a los presos políticos nos dijo Eva Sara Landau de Global Human Rights League.
Bolivia es dictadura, hay que tratarla como tal, sin las consideraciones que podría tener un gobierno democrático, si de verdad se quiere parar la persecución, encierro y exilio de voces opositoras.
Eva Sara Landau
LA DICTADURA EN BOLIVIA QUEDA CADA VEZ MAS EXPUESTA POR MUJERES VALIENTES QUE NO TEMEN DECIR LA VERDAD Derechos Humanos, Noticias de Actualidad / By El Oriental
Guadalupe Cárdenas y Milena Soto envían carta al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos – OEA, denunciando los abusos a ellas y miembros de sus organizaciones e instituciones por parte de la dictadura de Luis Arce
En la visita que hiciera Eva Sara Landau presidente de Global Human Rights League a la OEA, para entrevistarse con el Secretario General Luis Almagro el pasado 23 de junio, no solo de hablo de la situación de los presos políticos de Bolivia, de la violación a sus derechos humanos, también se hablo de los muertos de la dictadura de Evo Morales y Luis Arce.
De manera más extensa Landau expuso al Secretario Almagro la muerte de Marco Antonio Aramayo quien falleció el 14 de abril, justo un día después que Eva Sara Landau en un foro realizado por el Interamerican Institute for Democracy, había denunciado las torturas por la que Aramayo estaba pasando y la actual presa hace 7 años por el mismo caso, la señora Elvira Parra, quien padece de cáncer y de igual manera podría morir sin un proceso justo y transparente, manipulado por la dictadura.
La visita a la Organización de los Estados Americanos también fue propicia para entregar dos cartas enviadas desde Bolivia al secretario.
Guadalupe Cárdenas y Milena Soto, ambas representantes de Global Human Rights League aprovecharon para que de primera mano el Secretario recibiera las misivas.
CARTA DE GUADALUPE CÁRDENAS
Mi persona señora Guadalupe Cárdenas Vda. de Gálvez soy EMBAJADORA DE LOS DERECHOS HUMANOS (DDHH) MUNDIAL EN BOLIVIA y representante de la Federación Nal. Única de esposas de Policías y la primera presa política de Morales, hoy con 19 juicios los dos últimos por el actual gobierno de Luis Arce.
Pongo en conocimiento a usted de las graves injusticias, traducidas en persecuciones políticas, violación de los Derechos Humanos, encarcelamientos, privados de libertad a miembros policiales de diferente grado; muchos fueron dados de baja de manera injusta por procesos armados por el Gobierno de Turno, por el solo hecho de cumplir el mandato constitucional y estar al lado de su pueblo y no de un partido político dictatorial que quería eternizarse en el gobierno, la suscrita de manera permanente va apoyando a todos los funcionarios policiales de diferente grado que son procesados de manera injusta.
El caso más relevante es del Teniente de la Policía Boliviana Franklin Mamani Guarachi y deportista ex retador al Título Mundial de Boxeo; en la actualidad se encuentra privado de libertad sin derecho laboral, derecho a la locomoción, derecho al deporte con una detención domiciliaria gravosa, injustamente por el supuesto delito de encubrimiento que le están armando delitos por la vía ordinaria y administrativa por solo cumplir el Derecho Constitucional de cumplir y hacer cumplir la Ley, le armaron más de 15 procesos en la vía administrativa y 10 procesos por la vía ordinaria.
Están vulnerando sus derechos constitucionales y humanos. Es un preso político, perseguido y víctima de la dictadura en Bolivia…por pensar diferente. Perjudicándole de gran manera en su carrera profesional y deportiva.
Bolivia está viviendo la peor DICTADURA, ENCARCELAMIENTOS y PROCESOS
CARTA DE MILENA SOTO
Distinguido secretario: mi carta es un grito desesperado de AYUDA.
Cómo ya es de conocimiento de la OEA la situación que atraviesa mi país es crítica. El Poder Judicial se encuentra sometido al régimen de Luis Arce, y los jueces pasaron a ser verdugos ejecutando la represión que ordena el régimen, del cual hoy somos víctimas. Quien le escribe es una presa política.
Antes de mi detención fui víctima de violencia del movimiento al socialismo Partido actual de gobierno, atentaron contra mi vida, no logrando su objetivo, me Detienen el 5/08/21 a la semana del hecho y me llevan a la ciudad de Sucre donde me procesan acusándome de Organización Criminal, Daños a Bienes del estado, Daño Calificado entre otros delitos infundados.
Cabe recalcar que jamás estuve presente en Sucre y aun así un juez determina que debo guardar Detención Domiciliaria y ordena mi arraigo. Además, debo presentarme de manera física en esa ciudad cada 15 días, es decir dos veces al mes debo viajar a firmar en fiscalía. No se me permite trabajar, en audiencia se me negó ese derecho a pesar de que tengo un hijo menor de edad cuya estabilidad económica depende exclusivamente de mi persona. No conformes con ello me inician otro proceso en mi ciudad natal Cochabamba, con los mismos delitos, y otros inventados. El 5/09/21 allanaron mi domicilio y me aprehendieron todo en presencia de mi hijo. Hoy tengo dos detenciones domiciliarias ilegales.
Quiero denunciar ante el Organismo de Estados Americanos que existe Injerencia política por parte del gobierno en los procesos que nos siguen a los miembros de la RESISTENCIA JUVENIL COCHALA, donde el Ministro de Gobierno pidió 20 años de cárcel para Mario Bascope, Favio Bascope, Yasir Molina y para quien le escribe Milena Soto Lopez. En nuestro caso tenemos como demandantes a la Procuraduría General del Estado, al Ministerio de Gobierno a la fiscalía general del Estado, al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, al Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, a miembros de la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca y Dirigentes Masistas.
La Resistencia Juvenil Cochala fue una multitud de jóvenes que estuvo en desacuerdo con el Fraude que realizó Evo Morales en 2019, y se agrupó en defensa de la ciudad de los ataques y órdenes de destrozó que este expresidente ordenó a sus seguidores. El régimen no sólo pretende encarcelar a la RJC, sino también a la Unión Juvenil Cruceñista, valientes jóvenes que al igual que nosotros hoy están detenidos y son presos políticos.
Acudo a su autoridad porque en la actualidad ya no existe justicia en mi país. No permita que nos linchen en un juicio viciado donde ya tienen la sentencia de 20 años de cárcel bajo el brazo.
La democracia en mi país está muerta.
Hoy estoy al lado de mi hijo, mañana solo Dios lo sabe.
Le ruego pronunciarse
PRESOS POLÍTICOS DE LA DICTADURA EN BOLIVIA CON PRISIÓN PREVENTIVA INDEFINIDA
| Jorge Valda es abogado de la Resistencia Juvenil Cochala
Fueron protagonistas de la resistencia al fraude electoral y a los grupos de choque del MAS que pretendían tomar la ciudad de Cochabamba. En venganza, Nelson Cox desató su persecución. En 2019, Cox fue el “Defensor” que protegió a los grupos violentos del MAS. Este gobierno lo nombró viceministro de Gobierno, cargo y poder que usó para causar sufrimiento a cinco cochalas falsamente acusados de integrar una “organización irregular”. Cox duró poco en ese cargo, fue destituido, pero dejó muchos huesos rotos y lágrimas derramadas.
“Son presos políticos, con detención preventiva indefinida, que sufrieron torturas físicas y psicológicas”, nos dice Jorge Valda, abogado defensor de Mario y Fabio Bascopé, Milena Soto, Yassir Molina y Jaime Maldonado.
Cabildeo Digital conversó con Jorge Valda para adentrarnos en una de las páginas más oscuras de la (in)Justicia boliviana.
— ¿En qué situación se encuentran los detenidos de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC)?
– Primero, el nombre ha sido ampliamente estigmatizado, ha sido utilizado como un sinónimo de un grupo paraestatal o un grupo paramilitar, tal como hizo referencia el ex viceministro Nelson Cox. Se los ha tratado como si fuera jun grupo de insurrectos que hubieran querido generar algún tipo de alteración en el orden constitucional en Bolivia, lo cual no ha sido así.
La Resistencia Juvenil Cochala está conformada por muchachos, por jóvenes de distintos barrios, de distintas clases sociales de Cochabamba, que en 2019 buscaban defenderse de los abusos de los grupos violentos que el masismo desplego no sólo en la ciudad sino en sus alrededores y sobre todo en el área rural.
La Resistencia Juvenil Cochala ha tenido esa iniciativa, de resistir a los actos de violencia por parte del Movimiento Al Socialismo. Yassir Molina y Mario Bascopé se pusieron a la cabeza de la resistencia pacífica sin incurrir en actos delictivos ni de sedición o terrorismo como en algún momento se los acusó.
— ¿Varios integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala fueron detenidos. Dónde y en qué circunstancias está Mario Bascopé?
– Mario Bascopé está detenido desde el 24 de diciembre de 2020. La navidad del mismo año que Luis Arce asumió como presidente, la Policía ingresa en su casa, lo sacan de una forma violenta, casi 24 horas estuvo desaparecido, no se sabía dónde estaba ni qué pasó con él.
Esto era tan extraño porque la acusación que inventaron no tenía nada que ver con el tema del 2019 o con el supuesto golpe o con el hecho del fraude, sino que tenía que ver con un proceso de 2017, en el que se encontró a un vehículo que transportaba 2 kg de substancias controladas.
El chofer no estuvo ni un sólo día detenido. Pero el caso fue utilizado contra Mario Bascopé porque resulta que el vehículo había sido importado por la empresa de Mario Bascopé que se dedicaba a la compra-venta de autos y ésto ocurrió en 2015.
En ese año, este auto ingresa a Bolivia y Mario Bascopé lo vende, se hace una trasferencia y el nuevo dueño lo utiliza para supuestamente transportar 2 kg. de marihuana, cocaína o lo que fuere, esa persona nunca estuvo detenida y nunca más se llegó a saber nada de este chofer.
A partir de este proceso, por el sólo hecho de estar su nombre, el de Mario Bascopé registrado como importador del vehículo fue detenido en la navidad del 2020 y meses después se le da una sentencia de 10 años.
También se lo incluye en el caso que se inicia contra los líderes de la Resistencia Juvenil Cochala en Sucre porque pidieron la renuncia de Juan Lanchipa, el Fiscal General del Estado.
— ¿Qué ocurrió?
– Debo recordar a las personas que probablemente no tengan la memoria fresca, que el movimiento cívico nacional compuesto por los nueve comités cívicos han hecho una convocatoria para exigir la renuncia del Fiscal General, es decir, del señor Juan Lanchipa, por la ilegalidad de su posesión, que llego al mando con fraude.
Fueron plataformas de los nueve departamentos, movimientos ciudadanos, movimientos cívicos y fue la Resistencia Juvenil Cochala y este movimiento ciudadano fue probablemente el que más dejó escuchar su presencia, porque usaron cohetes (petardos), eran jóvenes hacían un bullicio absolutamente legítimo, porque estaba ahí el movimiento cívico nacional.
Yo estaba ahí en Sucre, estaban todos los presidentes cívicos y todos vimos, no se rompió ni un solo vidrio, no se dañó a ni una sola persona.
— ¿Entonces de qué se los acusa?
– Se les acusa de pertenecer a una organización criminal, se les acusa por tenencia de armas no convencionales. Es decir, por utilizar tubos de metal para lanzar las matasuegras y que lleguen más alto para que suenen más fuerte.
Esas no son armas convencionales, son petardos, son los mismos que se utilizan en cualquier partido de futbol. Pero ellos están detenidos.
Mario Bascopé está sometido a dos procesos. En el caso de Santa Cruz fue condenado a 10 años sin tener ningún tipo de participación. El Ministerio de Gobierno, con Nelson Cox como agente de una revancha política se encargó de que esta sentencia sea condenatoria. Ahora está en apelación.
— ¿También detuvieron al hermano de Bascopé?
– Mario Antonio “Tonchi” Bascopé está detenido en la cárcel de San Roque (Sucre) y allí también está detenido su hermano, Fabio Bascopé que fue detenido unos meses más tarde que Mario.
Lo estuvieron persiguiendo. Primero se declaró en la clandestinidad, después pidió asilo y se refugió en el Comité Cívico Pro Santa Cruz y después fue a Cochabamba donde lo capturaron. Lo llevaron a Sucre y hasta ahora permanece detenido. Ambos tienen hijos, ambos son padres de familia y eran el sustento de sus hogares.
Pero en el caso de Tonchi es mucho más complicado porque él tiene cinco hijos, un niño y cuatro mujeres. Su esposa está llorando, reclama el retorno de su esposo a casa. Su hijo menor es bebé de dos años, sus hijas mayores tienen 20 años, 17, 15 años.
Ellos nos han relatado como han sufrido el bullying en el colegio o la universidad. ‘que tu papá es un pitita, que tu papá organizó la Resistencia Cochala’.
Eso por parte de los masistas recalcitrantes que no son todos porque tambien hay quienes los defienden como héroes, los reconocen como los que han luchado por Cochabamba de una forma autentica.
— ¿Cuál es la situación de Yassir Molina?
– Ha pasado por cuatro cárceles. Yassir Molina es probablemente uno de los líderes más jóvenes de la Resistencia Juvenil Cochala, él ha egresado de la Universidad San Simón en la Facultad de Derecho, está para dar su examen de grado, no le permiten hasta ahora salir de la cárcel para ir a dar su examen.
Yassir fue detenido primero en San Sebastián de Cochabamba, lo trasladaron a la cárcel de San Roque, Sucre, donde está Tonchi, después a Cantumarca, Potosí, donde está Marco Pumari, el ex cívico potosino, y ahora está en la cárcel de San Pedro de Oruro.
Se encuentra en una sección especial, apartado del resto de los internos. No tiene hijos, tiene una persona a la que le dice mama que es Daniela Hidalgo, ella también ha sido citada, también ha sido procesada por el sólo hecho de ser la madre adoptiva de Yassir.
Molina en este momento, es el que tiene más ganas de hacer escuchar su voz. Por su ímpetu como nuevo abogado, por la indignación que siente como cualquier otro boliviano de ver tanta injusticia.
Él no tiene cerca a ningún otro miembro de la resistencia, pero ha llegado a formar un buen grupo de confianza y amigos en Oruro. Le tienen mucho aprecio porque yo observé cómo él ha trabajado con sus propias manos para que se refaccionen varias partes de las cárceles donde ha estado tanto en San Sebastián en Cochabamba, en San Roque en Chuquisaca, Cantumarca en Potosí y ahora en San Pedro, le han tomado mucha estima los internos a nivel nacional.
— ¿Qué pasa con Milena Soto?
– Pese a que Mario, Fabio y Yassir son los únicos tres que están detenidos preventivamente, el sufrimiento no es menos para Milena Soto que es una persona a la que también han torturado al igual que a Mario Bascopé que lo dejaron 10 días en un hospital cuando lo llevaron de Santa Cruz a Sucre.
Pero a Milena Soto cuando intentaron detenerla la han torturado, le llevaron por la fuerza hasta la ciudad de Sucre para las medidas cautelares y posteriormente le dieron detención domiciliaria, que no dista mucho de lo que es una detención preventiva, no es muy diferente cuando no puedes trabajar y no puedes llevar el sustento diario a tu hijo.
Ella como madre de un hijo de casi 13 años, lógicamente requiere todo el apoyo que le pueda brindar su madre, está detenida y no le permiten siquiera el derecho al trabajar.
— ¿Cuál es la situación de Jaime Maldonado?
– A Jaime Maldonado, el quinto miembro de la Resistencia Cochala, lo han involucrado en el proceso de Sucre, también lo tienen cautelado, es probablemente quien ha tenido la posibilidad de continuar con una actividad casi rutinaria pero obviamente sin perder de vista que está a punto de comenzar el juicio.
Es otro de los juicios de la ignominia y la vergüenza que se dan en la ciudad de Sucre para condenar a los jóvenes que han pedido libertad, que han pedido justicia, por el sólo hecho de haber hecho escuchar su voz en Sucre, sin haber cometido ningún delito.
— ¿Estos detenidos cuenta con el apoyo de sus familias?
– Todos tienen familias que los apoyan. En el caso de Tonchi muchos de sus parientes viven en EEUU, su mamá pudo llegar para verlo en un par de ocasiones. Pero tiene familia en Cochabamba que está ayudando en la crianza de sus hijos. Sufre con la angustia y la impotencia de no poder estar con sus hijas mayores, cerca de su hijo menor.
Tonchi es el elemento que más genera angustia, al igual que Fabio, por no estar cerca de sus hijos. Pese que están en la misma cárcel, Fabio y Marco Bascopé, siendo hermanos no se les permite ni siquiera hablar, no se les permite estar juntos, no se les permite estar en la misma sección.
Cada uno está en una sección distinta y no le pueden ni si quiera compartir un almuerzo o un desayuno, esto es un acto despiadado, una tortura psicológica que ejercen en contra de los hermanos.
Todos tienen padres esperanzados de ver a sus hijos nuevamente en libertad.
— ¿Qué otras violaciones a los derechos humanos ha identificado en este caso?
– Cuando se dispuso la ampliación de la detención preventiva, según una de las reformas esenciales, el juez debía establecer el plazo de la privación de la libertad, pero en este caso resulta que el juez directamente ha dispuesto que ‘van a estar detenidos por tiempo indefinido’, porque no sabemos cuánto va a durar el juicio y no sabemos si van a poder demostrar su inocencia.
Se los ha presumido culpables, ellos deberían tener el derecho a ser juzgados en el marco de un debido proceso, sin embargo, han sido torturados, todos ellos, Yassir Molina, Mario Bascopé y Milena Soto, hablo de tortura física.
El caso más aberrante ha sido el de Mario Bascopé cuando tras su traslado de la ciudad de Santa Cruz a Sucre, terminó 10 días internado en un hospital donde no permitieron ni siquiera a su esposa acercarse para ver cómo estaba su esposo. ¿Por qué?, porque no podía verlo inconsciente y lleno de moretones producto de la golpiza que le habían dado.
Estos hechos han quedado registrados en la denuncia que ha sido presentada a organismos internacionales como de las Naciones Unidas, pero hasta al presente no se ha aplicado justicia, se les está negando el derecho a la salud. Cuando logra llamarme, me cuenta que no recibe atención médica especializada y por más que pedimos médicos, la Dirección de Penitenciarias no contesta.
Eso es indignante porque está en peligro su vida, está en riesgo su salud y no puede ser que se haga oídos sordos a los pedidos de los presos políticos en el presente.
— ¿Cuál es la situación legal, se espera un proceso final?
– Si bien se les ha iniciado más de una decena de procesos en Cochabamba y en todo el país, el proceso y el juicio que ha iniciado la Fiscalía General del Estado, que tiene como víctima al fiscal general Juan Lanchipa, es el proceso por el cual todos están detenidos preventivamente y no existe la menor intención de que un juez o un tribunal pueda disponer su libertad.
Ha existido una acusación sin que ellos sepan por qué se les está acusando. Ya existe una fecha para el juicio que todavía no se les ha notificado. Este próximo mes estamos seguros se dará inicio a este nuevo juicio de la vergüenza donde Lanchipa basa su acusación en una mentira, que la Resistencia Cochala era una organización paraestatal o un grupo irregular cuando en realidad los únicos grupos irregulares que existen son las 76 milicias armadas que el señor Evo Morales ha implantado en Bolivia.
— ¿Quiénes es Jorge Valda y por qué defiende a Resistencia Juvenil Cochala?
– Jorge Valda es un abogado que cree fielmente en que la justicia debería cambiar.
Cuando el año 2019 presentamos acciones contra Juan Lanchipa, contra los fiscales departamentales del país, contra los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, nos fuimos a Sucre con mi equipo de abogados para pedir y exigir la renuncia de Juan Lanchipa.
En ese momento, en 2020, ya habíamos formado una gran alianza con el Comité Pro Santa Cruz, con el Movimiento Cívico Nacional, con plataformas y con los líderes de los movimientos ciudadanos como los jóvenes de la Resistencia Juvenil Cochala, en la que prometimos no dejarnos solos y luchar día a día por una justicia distinta.
Yo conocí a Mario Bascopé, Fabio, Milena, Yassir, mucho antes de que estos procesos se iniciarán y estoy seguro y doy fe de la integridad e idoneidad de cada uno de ellos, como de los líderes que hoy están siendo detenidos, como es el caso de Marco Antonio Pumari en Potosí, la expresidenta Jeanine Añez, que por luchar por la justicia ahora están detenidos.
Hicimos una promesa, en aquel entones que no los dejaríamos solos y esa promesa no sólo se ha extendido a los chicos de la Resistencia Juvenil Cochala sino también a todos los presos políticos. Es por eso que esta labor que realizamos como defensores de los derechos humanos nos ha hecho miembros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos con Amparo Carvajal, nos ha hecho miembros y embajadores en Bolivia del Global Human Rigths, una Fundación en Estados Unidos, de la cual tampoco no obtenemos ningún rédito y tampoco cobramos honorarios a ningún preso político a los cuales hemos defendido.
Nos han nombrado defensores de los derechos humanos de diferentes instituciones y ahora nos ha llegado una membresía de Amnistía Internacional para ser parte también de la lucha por los derechos humanos.
Esta lucha no la llevamos adelante solos, gracias a Dios hay un ejército de abogados en Bolivia que están dispuestos a trabajar y coadyuvar con la labor de la defensa de los derechos humanos.
Tenemos la confianza de aquellos que lograron recuperar su libertad, que son muy pocos, como Florinda Justiniano en Montero o el líder cívico Catiun Müller en Riberalta o Felipe Hermosa en Villamontes, ellos han logrado volver a casa.
Son tres de 85, los demás aún están esperando tener esa dicha de volver a casa.
De Cabildeo Digital
Explotación sexual y laboral infantil en Bolivia desde el gobierno
#GHRL En Bolivia se practican los crímenes más bajo a los niños como el abuso y la explotación laboral y sexual a través del crimen organizado protegido por el Gobierno
La explotación sexual comercial infantil es la explotación por un adulto de un niño, niña o adolescente, menor de 18 años, acompañada del pago en efectivo o en especie al niño, niña o adolescente, o a un tercero o terceros.
Lamentablemente no existe datos sobre el abuso y explotación sexual en Bolivia, aunque hay varios trabajos en coordinación de varias organizaciones locales e internacionales, ninguna ha sido capaz de asentar datos estadísticos, lo que hacen es una presentación general del problema que viven cada día los niños bolivianos.
La misma razón por la cual ninguna organización se a puesto a trabaja de manea seria sobre este problema que se vive en todos los estratos sociales y económicos, es la que permite que criminales anden sueltos, abusando y explotando menores.
En Bolivia al igual que en Nicaragua, abordar este tema bajo los gobiernos que hoy lideran es muy difícil puesto que Evo morales expresidente y líder del gobierno que hoy administra el país, es acusado formalmente por abuso sexual.
La administración del Movimiento al Socialismo – MAS, ha tomado todos los poderes, y quienes se atreven a denunciar cosas como estas son perseguidas, hasta llevarlos al exilio, la cárcel o la misma muerte. Ninguna autoridad quiere tomar estos casos o hacer algo al respecto.
Contexto
Bolivia ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño mediante Ley Nº 1152 de mayo de 1990, habiendo sido el octavo país en expresar su adhesión, luego de lo cual inició la adecuación de las normas legales nacionales y la implementación de políticas públicas, en el enfoque de protección integral.
Aunque la mayoría de edad en Bolivia es de 21años, los hombres pueden casarse a los 16 años y las mujeres a los 14 años con permiso de los padres o tutores.
Desde 2014, Bolivia es el único país que permite expresamente el trabajo infantil a partir de los diez años, lo cual viola los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
En Bolivia se establece que los niños son imputables penalmente a partir de los 16 años.
Bolivia esta adherida a la Convención sobre los Derechos del Niño, el que los niños puedan casarse a los 16 años y las niñas a los 14, cuando todavía están desarrollo, esto permite mantener una sociedad que no termina de educarse, porque el matrimonio conlleva responsabilidades de adultos lo que dificulta el pleno desarrollo escolar o de preparación para enfrentar la vida con menos dificulta y sin estar bajo un estado de extrema pobreza.
El que los niños legalmente puedan trabajar desde los 10 años, violando tratados internacionales, también lleva a la población a continuar situado en una posición de poca educación lo que genera pobreza y desigualdad.
Desafíos y lagunas en el sistema de protección de la infancia
En primer lugar, el hecho que los niños puedan legalmente trabajar desde los 10 años viola los Derechos de los Niños, ni siquiera la UNICEF que tiene presencia en el país, ha podido hacer algo respecto a este crimen en contra de a niñez.
En segundo lugar: ¿cómo es posible que autoridades queden impune ante los crímenes de violación y abuso a menores; ¿cómo es posible que la pedofilia se normalice en un país altamente conservador, solo porque altas esferas del gobierno practican esta abominación?
En tercer lugar, volviendo al punto número uno, la producción de cocaína también esta operado desde el gobierno, Bolivia es el tercer país de Sudamérica en la producción y exportación de la droga, los niños no solo sufren por la adicción, niños son explotados en laboratorios de producción de este crimen. Trabajan tanto en los cultivos como en las fábricas.
Soluciones
La única manera de que el gobierno pueda cambiar esta realidad en Bolivia es con presión internacional, la oposición parlamentaria tiene que trabajar de manera funcional para subsistir en sus posiciones. La sociedad civil corre graves riesgos si intenta hacer algo, solo sanciones y represalias internacionales podrían dar un giro a estos temas que aquejan a la niñez boliviana.
Mientras Bolivia viva bajo dictadura, es muy difícil poder cambiar el presente de los niños, ellos son los que protegen los anillos de explotación laboral y sexual a los menores, para que los criminales puedan seguir operando.
Principales partes interesadas
Todos los bolivianos estamos interesados en cambiar el presente y futuro de nuestros niños en Bolivia. Todos debemos tomar conciencia que este es un problema para cada estante y habitante del territorio boliviano, son nuestros niños es nuestro futuro.
Las organizaciones locales e internacionales no han sido capaces de mostrar cifras, eso es una muestra o que son cómplices o que la dictadura los tiene acallados. La complicidad es una acción, por lo tanto, un delito. Tanto silencio asusta, sobre todo tratándose de los derechos humanos de los niños.
Eva Sara Landau – 10 de marzo, 2022
CAPITÁN QUE DESCONOCE ORDEN DEL CORONEL ALEX BEDOYA, PODRÍA SER VÍCTIMA DE VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS POR CUMPLIMIENTO DE SU DEBER ANTE ACTOS QUE IMFRINGEN LA LEY DE BOLIVIA
#GHRL El martes 19 de octubre un capitán con nombre reservado, patrullero de la Fuerza especial de lucha contra el narcotráfico – Felcn, informo a su superior el coronel Alex Vladimir Bedoya Fajardo, sobre un camión cargado de precursores químicos, todos ellos sumando más de 6 toneladas, entre soda caustica, cloruro de calcio, metabisulfito, urea, ácido sulfúrico y acetato de etilo. Todos estos agentes químicos son la base para la producción de cocaína.
La obediencia a los protocolos de este caso convierte al capitán en un héroe mas aun cuando es de conocimiento público los lazos del líder masista Evo Morales, jefe del exministro y hoy presidente Luis Arce, con los carteles de droga no solo en Bolivia sino en el mundo, así lo confirman medios de investigación nacional e internacional.
Por otro lado, ese respeto a las leyes y sus protocolos también convierten al capitán en una presa de persecución por el incumplimiento a las ordenes del coronel Bedoya, quien claramente trato de esconder predeterminadamente la carga del camión, y hoy está bajo conocimiento público el delito al que quería incurrir y hacer cometer al capitán.
En este sentido conociendo el accionar de la narco-dictadura, la carrera del capitán, (traslado, dado de baja y castigos entre otras) su integridad y hasta su vida podría enfrentar graves violaciones. Como Global Human Rights League estamos siguiendo de cerca este caso, para exponer cualquier violación a los derechos humanos del capitán que se cometan, y exponer una vez mas la realidad que se vive en Bolivia.
GHRL – 22 de octubre 2021
HAY UNA RECOMPENSA DE 80,000 SOLES (24,000 DOLARES AMERICANOS) POR LA ENTREGA DE ARTURO CARDENAS TOVAR, ALGUNOS PIENSAN QUE ESTA EN BOLIVIA
Son cinco los mas buscados de Perú, entre ellos un amigo de Evo Morales
Desde el Séptimo Juzgado se ha dado una orden de captura internacional para los cinco investigados prófugos desde hace dos semanas, un documento policial dice que algunos ya estarían fuera de Perú.
Ahora, ¿por qué se presume que Arturo Cárdenas habría estado involucrado en los últimos conflictos de los cocaleros de Los Yungas en Bolivia? Desde Perú es una teoría que no han podido desmentir, y mantienen la posición que Cárdenas no ha pedido asilo político en Bolivia, esto, considerando la amistad de algunos dirigentes del lápiz con el expresidente Evo Morales, quien aún mantiene poder en su país.
Como Organización de Derechos Humanos, Global Human Rights League, esta investigando este caso, de ser ciertas algunas posiciones desde Los Yungas, que afirman saber de la participación de Cárdenas en los lamentables conflictos de cocaleros y masistas, haremos una denuncia publica internacional. Los connacionales que responden a la línea radical de Luis Arce y Evo Morales en su afán de hacer suya la Asociación de Productores de Coca – ADEPCOCA, han violado derechos fundamentales de campesinos e indígenas de la zona. Hoy mismo la líder afro boliviana, Tomasa Medina Flores, teme volver a su comunidad por miedo a su integridad física.
No seria la primera vez que la dictadura del MAS protege prófugos de la ley de Perú, antes fue Walter Chávez, que gozo de protección mientras había una orden de extradición en su contra. Como Organización exigimos que el gobierno autocrático de Bolivia le diga de cara al pueblo y por respeto a las leyes del país vecino, si Arturo Cárdenas está en Bolivia y si goza de su protección, seria muy desagradable que se descubra la presencia de este señor en nuestro territorio formando parte de los agresores a las libertades de los bolivianos.
GHRL – 22 de octubre, 2021
EVENTO ORGANIZADO POR DICTADURA DE LUIS ARCE Y EVO MORALES, EN LA OEA, SE QUEDA SIN PARTICIPANTES PRESENCIALES
QUE DICE LA INVITACION DE LAS MISIONES DE BOLIVIA, ARGENTINA Y MEXICO PARA EL 22 DE OCTUBRE? Y QUE ESTA PASANDO DESDE LA OEA? HAY QUIENES NO SE PRESTAN A LA NARRATIVA DE LA DICTADURA DE EVO MORALES Y SU BANDA, NO ES COINCIDENCIA QUE LOS DOS LUGARES DONDE ESTUVO EVO TRAS SU HUIDA SEA MEXICO Y ARGENTINA SEAN PARTE DE LOS INVITADORES.
Difunden testimonios de cubanos torturados por participar en las protestas masivas del 11J
Una activista fue arrojada a una celda con excremento por no gritar “¡Viva Fidel!”
Cubanos detenidos por participar en las protestas masivas del pasado 11 de julio compartieron sus experiencias al medio The Washington Post sobre las torturas físicas y psicológicas a las que fueron sometidos por parte de agentes represores del castrismo.
Uno de esos testimonios es el del joven Michel Parra, de 20 años, un trabajador del sector de la salud que por primera vez decidió sumarse a una manifestación contra el régimen comunista en la ciudad de Matanzas.
Parra y su hermana fueron arrestados por unos hombres vestidos de civiles y llevados hasta un cuarto de interrogatorio, donde en varias ocasiones le dijeron que era un “gusano” y también lo amenazaron con darle un tiro.
“Me pegaron patadas por todo el cuerpo. No pararon. Me golpearon en las manos y las rodillas con una porra. A mí se me hizo eterno, aunque quizás solo fueron 60 segundos”, agregó Parra, quien sintió dolor 20 días seguidos por la golpiza.
El medio estadounidense también compartió uno de los casos de tortura más divulgados a través de los portales independientes. Se trata del castigo contra la activista María Cristina Garrido, actualmente retenida en la cárcel de mujeres del Guatao, en La Habana.
Michel Valladares, esposo de la activista, comentó que ella fue arrojada a una celda de castigo llena de excremento por negarse a gritar “¡Viva Fidel!”. Además, un soldado la golpeó tan fuerte que se orinó encima.
María Cristina y su hermana Angélica, también detenida, enfrentan los cargos de “atentado”, “desacato”, “desobediencia”, “desorden público” y “liderar una manifestación”.
The Washington Post divulgó también el testimonio del periodista Orelvys Cabrera, quien fue obligado a desnudarse tras ser arrestado por dar cobertura a las protestas registradas en decenas de ciudades de la geografía nacional.
El comunicador fue torturado durante varias horas con historias “gloriosas” del régimen comunista y también sobre Fidel Castro. Luego lo encerraron en una celda con otros siete reos, donde durmió en el piso por más de 30 días.
“Nos alimentaban con arroz con tierra y sopa con grasa. Los desayunos eran solo una rebanada de pan”, contó Cabrera, quien ahora se encuentra bajo prisión domiciliaria tras pagar una fianza de 40 dólares, un salario promedio mensual en Cuba.
La organización Human Rights Watch reveló este martes un informe sobre la estrategia represiva que usó el gobierno cubano contra quienes participaron en el estallido social.
Cubalex, organización defensora de los derechos humanos en la Isla, recientemente divulgó que 566 manifestantes pacíficos continúan detenidos y podrían ser víctimas de juicios sumarios.
Denuncian ante la CIDH que está en peligro la vida de Carvajal por amenazas de Willa lluch'us
La Paz, 7 de octubre (ANF).- El abogado y director de Global Human Rights League Bolivia, Jorge Valda, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la vida de la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, corre peligro y pide medidas de protección.
Uno de los argumentos para denunciar ante el organismo internacional es la amenaza que lanzó el grupo denominado Ejército Willa lluch’us, que tiene como representante a Grober Choquehuanca, en contra de Carvajal.
El pasado 6 de septiembre, dos personas sin identificarse que dijeron ser parte del “ejército” “Willa lluch’us”, en un video colgado en redes sociales, amenazaron con quemar la casa de la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal.
“Una vez más, el ejército guerrero ‘Willa lluch’us’ estamos en protesta de que estos malos jueces, malos policías, han protegido la casa de (Amparo) Carvajal, esta casa que está construida con la economía del pueblo debemos quemar compañeros. Por eso estamos organizando y vamos a ir cualquier momento”, dijeron en el video.
“(…) llegaron al punto de realizar amenazas de muerte, actos de odio, racismo y venganza, como también atentar contra la propiedad privada y sobre todo atentar contra la integridad, el derecho a la vida y a un domicilio, todo esto debido a la persecución indebida que se tiene en contra de Amparo Carbajal una mujer de la tercera edad presidente de la APDH y defensora de los Derechos Humanos”, se lee en el memorial presentado por Valda a la CIDH.
Asimismo, advierte que no solo el domicilio de la activista está en riesgo sino las instalaciones de la APDHB ubicada en la avenida 6 de agosto de La Paz. Señala que estas acciones se ejecutan porque la activista no ha sido doblegada “ante los abusos de poder del Gobierno que se rige bajo la sigla del Movimiento al Socialismo (MAS)”.
Detalla en el memorial que están amenazados sus derechos como la inviolabilidad de domicilio, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad y seguridad personal, a la privacidad y la protección de la honra y la dignidad.
“Por todos los extremos expuestos debo hacer conocer que Amparo Carvajal teme por su integridad personal, incluso su vida, pues como se ha manifestado anteriormente ha sido amenazada, amedrentada en su domicilio, por lo que debo afirma que existe peligro para su vida”, sostiene Valda en la denuncia.
En ese marco pidió a la CIDH que declare que el Estado de Bolivia ha incurrido en la violación de los artículos 5, 8, 13, 21, 24 Y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todos ellos en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma Convención, y que disponga se restituya el derecho a la inviolabilidad de domicilio a la seguridad personal y a la integridad a la vida de forma inmediata, se otorguen las garantías correspondientes, y se condene al Estado infractor al pago de daños y perjuicios ocasionados en contra de Amparo Carvajal”.
Asimismo, se pide que se disponga que el Estado “se inhiba de realizar actos vulneratorios de los derechos humanos y se otorgue garantías a Amaro Carvajal, siendo que su vida corre peligro, en tanto se resuelva el contenido de esta demanda internacional.
La denuncia fue presentada este 6 de octubre.
Piden a la CIDH medidas de protección para Amparo Carvajal
https://eju.tv/2021/10/piden-a-la-cidh-medidas-de-proteccion-para-amparo-carvajal/
El abogado y director de Global Human Rights League Bolivia, Jorge Valda, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la vida de la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, corre peligro y pide medidas de protección.
Uno de los argumentos para denunciar ante el organismo internacional es la amenaza que lanzó el grupo denominado Ejército Willa lluch’us, que tiene como representante a Grober Choquehuanca, en contra de Carvajal.
El pasado 6 de septiembre, dos personas sin identificarse que dijeron ser parte del «ejército» «Willa lluch’us», en un video colgado en redes sociales, amenazaron con quemar la casa de la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal.
«Una vez más, el ejército guerrero ‘Willa lluch’us’ estamos en protesta de que estos malos jueces, malos policías, han protegido la casa de (Amparo) Carvajal, esta casa que está construida con la economía del pueblo debemos quemar compañeros. Por eso estamos organizando y vamos a ir cualquier momento», dijeron en el video.
«(…) llegaron al punto de realizar amenazas de muerte, actos de odio, racismo y venganza, como también atentar contra la propiedad privada y sobre todo atentar contra la integridad, el derecho a la vida y a un domicilio, todo esto debido a la persecución indebida que se tiene en contra de Amparo Carbajal una mujer de la tercera edad presidente de la APDH y defensora de los Derechos Humanos», se lee en el memorial presentado por Valda a la CIDH.
Asimismo, advierte que no solo el domicilio de la activista está en riesgo sino las instalaciones de la APDHB ubicada en la avenida 6 de agosto de La Paz. Señala que estas acciones se ejecutan porque la activista no ha sido doblegada «ante los abusos de poder del Gobierno que se rige bajo la sigla del Movimiento al Socialismo (MAS)».
Detalla en el memorial que están amenazados sus derechos como la inviolabilidad de domicilio, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad y seguridad personal, a la privacidad y la protección de la honra y la dignidad.
«Por todos los extremos expuestos debo hacer conocer que Amparo Carvajal teme por su integridad personal, incluso su vida, pues como se ha manifestado anteriormente ha sido amenazada, amedrentada en su domicilio, por lo que debo afirma que existe peligro para su vida», sostiene Valda en la denuncia.
En ese marco pidió a la CIDH que declare que el Estado de Bolivia ha incurrido en la violación de los artículos 5, 8, 13, 21, 24 Y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todos ellos en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma Convención, y que disponga se restituya el derecho a la inviolabilidad de domicilio a la seguridad personal y a la integridad a la vida de forma inmediata, se otorguen las garantías correspondientes, y se condene al Estado infractor al pago de daños y perjuicios ocasionados en contra de Amparo Carvajal».
Asimismo, se pide que se disponga que el Estado «se inhiba de realizar actos vulneratorios de los derechos humanos y se otorgue garantías a Amaro Carvajal, siendo que su vida corre peligro, en tanto se resuelva el contenido de esta demanda internacional.
La denuncia fue presentada este 6 de octubre.